Los obispos insisten también en que ninguna ideología puede negar que el matrimonio es una realidad que existe únicamente entre dos personas de diferente sexo, que deciden entregarse unas a otras de manera exclusiva.
La respuesta vino después que la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el 1 de julio el proyecto de ley número 18529, de Reforma a la Ley General de la Persona Joven, que incluyó “el derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años”.
De esta manera, a criterio de la Conferencia Episcopal, las uniones libres tal y como lo estipula esa normativa, únicamente podrían estar constituidas por parejas heterosexuales que tengan aptitud legal para contraer matrimonio, o sea que no estén unidos legalmente por otra relación anterior. Es por ello, que insisten en el hecho de que como en Costa Rica el Código de Familia no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco podría reconocerse las uniones de hecho que se den en esas circunstancias.
En el comunicado, firmado por el presidente de la CECR, monseñor Óscar Fernández Guillén, los obispos recordaron que la ley reformada tiene el fin original de “proteger personas con edades comprendidas entre los doce y los treinta y cinco años, es decir adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes”.
En cambio, la "unión de hecho" en Costa Rica está regulada por el artículo 242 del Código de Familia que establece que la unión de hecho es entre un hombre y una mujer. "La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa", señala el Código.
Este artículo, según los juristas consultados, “continúa vigente en su totalidad y no podrían aprobarse uniones de hecho ni entre personas del mismo sexo, ni en las que uno o ambos convivientes sean menores de 15 años”.
Asimismo, el Episcopado señaló que el 10 de octubre de 2001 la Sala Constitucional ha dicho en torno a la “unión de hecho” que “si pretendemos otorgar efectos patrimoniales plenos a la unión de hecho, entonces es razonable y legítimo condicionarlos a que la unión reúna ciertos requisitos”, como la estabilidad, publicidad, cohabitación o convivencia bajo el mismo techo, “o que la situación particular de éstos no encuadre dentro de los impedimentos que, para la celebración válida del matrimonio, establece la legislación”.
En este caso, indicaron los obispos, se trata del artículo 14 del Código de Familia que establece que “es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Los obispos expresaron su “profundo respeto a las personas homosexuales, pero ese respeto ‘no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad”.
“Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas”, afirmó la CECR.+
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